El problema de la basura quema

No se puede seguir haciendo agujeros en el territorio para enterrar la basura, dijo el pasado lunes la consejera de Medio Ambiente, Isabel Bonig. Una declaración con la que la consejera reabre el debate sobre la construcción de plantas de valorización de residuos sólidos urbanos (incineradoras) en la Comunidad Valenciana. Desde hace años se especula con la instalación de tres incineradoras, una por provincia, y una cuarta de refuerzo. Pero la oposición social y política ha frenado o está frenando su apertura en localidades como la Vall d’Alba o L’Alcora.

“La sociedad no estaba preparada. Había dudas. Hoy la tecnología permite valorizar los rechazos”, admite Vicente Tejedo, director general de Calidad Ambiental de la Generalitat. Las previsiones son que la capacidad de los vertederos se agote entre 2018 y 2020 y antes de que se colmaten hay que tener un a alternativa. El departamento de Bonig se propone cerrar esta legislatura un plan integral de incineración que fijará el número de plantas y su ubicación. Se pactará en un comité de consorcios gestores de la basura al que se incorporará la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y la Generalitat. “Tiene que haber el mayor consenso posible”, observan desde Medio Ambiente.

Tejedo admite de partida que en las plantas de tratamiento de residuos no se separa lo suficiente. Según sus datos, en 2011 estas plantas rechazaron un 52% del total (1,4 millones de toneladas), cuando este porcentaje no debería superar el 44%. Los rechazos (algunos tipos de plásticos, papel, maderas o textiles) se puede “valorizar” o transformar en un combustible con el que luego se genera electricidad.

La Generalitat esgrime que países avanzados desde el punto de vista medioambiental no tienen vertederos y sí incineradoras. Y que algunas plantas de valorización se localizan en el centro de las ciudades porque la energía que generan se emplea para la calefacción doméstica.